¡El clima no está en venta!

Barcelona acogerá del 2 al 6 de noviembre una conferencia internacional de alto nivel con representantes de los diferentes Estados para ultimar las negociaciones previas a la Cumbre Mundial del Clima de la ONU que tendrá lugar en diciembre en Copenhague. Para preparar la respuesta que se quiere dar a las negociaciones de la conferencia de Barcelona, diferentes organizaciones han impulsado la campaña ¡El Clima no está en venta!, a la que SETEM-Catalunya se ha adherido.

Todo el mundo se pregunta por qué nadie hizo nada para evitar la crisis económica cuando todavía se podía. Ahora podemos evitar la crisis climática que justo empieza a manifestarse, pero cuando haya estallado plenamente ya no habrá marcha atrás. En Copenhague ya podría estar todo bendecido, pero en Barcelona no. La campaña ¡El Clima no está en venta! quiere exigir el compromiso firme para una reducción drástica e inmediata de las emisiones de gases invernadero, así como un programa creíble para que el uso de energías fósiles se haya abandonado plenamente a mediados de siglo y la desforestación se haya detenido mucho antes. Se pide que se asuma el objetivo de una concentración de CO2 en la atmósfera no superior a los 350 ppm, para evitar una interferencia peligrosa con el sistema climático.

Algunas de las actividades previstas son las siguientes:

• Presentación de la publicación El clima no está en venta, preparada por los diversos colectivos participantes en la campaña en colaboración con el semanario La Directa.
• Seminario Cambio Climático y Modelo Alimenticio Global. Se analizará el sistema alimenticio internacional como uno de los principales responsables del cambio climático. Viernes 30 y sábado 31 de octubre en el Aula Master de la Universidad Politécnica de Cataluña – Campus Norte.
• Manifestación el próximo sábado 31 de octubre en las 17:00, en la Pl. Universitat de Barcelona.

Nace el Tribunal Internacional de Justicia Climática

Por otra parte, se ha realizado la primera audiencia preliminar en Bolivia del Tribunal Internacional de Justicia Climática. En su dictamen preliminar, el jurado ha indicado que el tribunal “no tiene carácter estatal vinculante, ya que su constitución y funcionamiento no se origina en el poder judicial ordinario y formal, sino en la sociedad civil organizada”. Sus resoluciones buscan implicaciones morales, éticas y políticas y se proyectan para construir un sistema ético que interpele en los gobiernos, las transnacionales y los organismos multilaterales con el fin de que asuman sus responsabilidades. El jurado conoció la denuncia de siete casos sobre el impacto del cambio climático y la violación a los derechos humanos en comunidades de diversos países latinoamericanos.

El Tribunal destacó que la “responsabilidad histórica de haber emitido la mayor parte (el 80%) de gases de efecto invernadero en los últimos 250 años es de los países industrializados del Norte”.

¿Los ocho miembros del jurado, entre ellos Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción y de la campaña ¿Quién debe a quien?, coincidieron en la “gran urgencia de dar respuesta a los problemas ocasionados por el cambio climático”, porque “magnífica y profundiza injusticias existentes” y “amenaza los elementos básicos de la vida humana”.

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Tribunal Internacional de Justicia Climática

La ONU plantea la creación de un tribunal para juzgar a multinacionales

La amenaza de un tribunal internacional persigue siempre a políticos y militares por mucho que estén dispuestos a pagar indemnizaciones, pero hasta ahora no afectaba a los ejecutivos. No obstante, el debate para incluirlos ya está lanzado: dos relatores de la ONU han redactado propuestas articuladas para crear una Corte Mundial.

Pere Rusiñol, Madrid. Extraído del diario Público

Dos relatores de la ONU, el finlandés Martin Scheinin, para derechos humanos, y el austríaco Manfred Nowak, para la tortura, han redactado respectivamente dos propuestas articuladas para crear una Corte Mundial que juzgue también a las multinacionales.

Es la primera vez que se redacta un proyecto así por parte de expertos de Naciones Unidas y se ha hecho por partida doble. Los documentos responden a un encargo de la llamada Iniciativa Suiza, dirigida por la ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, con el objetivo de fijar los objetivos más urgentes en este campo.

El proyecto de Scheinin

El proyecto de Scheinin consta de 63 artículos y está precedido de 22 preguntas para explicar la necesidad de crear esta nueva institución.

“Hace mucho que la sociedad civil pide un proyecto así y es muy importante que proceda de Naciones Unidas”, explica Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la Universidad del País Vasco y autor de la monumental 1.000 páginas Las empresas transnacionales ante los derechos humanos: historia de una asimetría normativa.

La posición oficial de la ONU es mucho más cauta, pero los documentos de Scheinin y Nowak reabren el debate dentro de la institución. La postura oficial remite al Global Compact, unos principios en los cuales se adhieren voluntariamente las empresas con la promesa de respetarlos, sin ninguna fiscalización. Hay 6.000 compañías inscritas, incluyendo muchas que están en la lista negra de las ONG.

“Nuestra vía es la voluntaria y, sin ser perfecta, ha funcionado porque las empresas han ido entendiendo que les conviene respetar unos principios”, opina Juan de la Mota, presidente de la Red Española del Pacto Mundial, la marca aquí del Global Compact.

Jesús Carrion, del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), vinculada a la Universidad Politécnica de Cataluña, se muestra en cambio muy crítico con los códigos voluntarios porque “en la práctica permiten a las empresas evitar la auténtica fiscalización”.

Código vinculante

“Necesitamos códigos internacionales vinculantes y un tribunal que pueda juzgar los incumplimientos”, sostiene Carrion, que considera que las propuestas de Scheinin y Nowak “abren un camino”.

En una vía intermedia se sitúa Bart Slob, investigador del Centro para la Investigación de las Corporaciones Multinacionales (SOMO, en holandés), con sede en Amsterdam. Slob está trabajando en el ISO 2600, un estándar internacional de buenas prácticas, pero admite que el voluntarismo “tiene límites”. “Una Corte Mundial es una gran iniciativa si antes se fijan las normas a respetar”, explica.

Gonzalo Boyé, abogado que lleva causas de jurisdicción universal sobre Gaza y Guantánamo, considera que un tribunal que juzgue también a empresas es el “paso lógico” después de los avances ya conseguidos.

La visión de SETEM

Desde SETEM, y en nuestra línea de denuncia de las prácticas de irresponsabilidad social corporativa que llevan a cabo diversas empresas transnacionales, valoramos muy positivamente esta iniciativa, ya que responde a las críticas que venimos transmitiendo hace años sobre el carácter voluntarioso de los códigos de conducta y de las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las grandes empresas. Claro está que este tipo de códigos de conducta voluntarios han supuesto avances en muchos casos, pero a la vez también han supuesto un impedimento en la creación de una corte y normativa mundial que pueda fiscalizar casos de violación de los derechos humanos perpetrados por empresas transnacionales.

No obstante también creemos que debe valorarse con cautela una iniciativa como ésta, por las enormes dificultades a las que todavía se tendría que enfrentar en vista de poderse implementar con garantías de éxito.